El fracaso de la guerra contra las drogas se mide en víctimas: tan sólo en México, han muerto asesinadas cerca de trescientas mil personas y más de ochenta mil continúan desaparecidas desde 2006. Los gobiernos del mundo gastan cien mil millones de dólares al año en políticas prohibicionistas —un cuarto del total es el presupuesto de Estados Unidos para el combate contra las drogas en América Latina—. Las cárceles de nuestra región están saturadas de personas que se dedican a la venta al menudeo o que consumen sustancias, y de campesinos y campesinas.

El valor de las drogas aumenta a medida que el producto se acerca a quienes compran para consumir. Cada kilo de goma de opio que los campesinos mexicanos venden a 780 dólares cuesta cincuenta mil dólares una vez convertido en heroína y colocado en las principales ciudades de Estados Unidos. Cada kilo de cocaína o marihuana que sale de las zonas rurales puede multiplicar hasta quinientas veces su valor cuando llegan a los consumidores finales. El grueso del dinero queda en manos de grupos criminales, lavadores de dinero, funcionarios y policías corruptos.